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CONSULENDI. Por SERGIO G. VARELA MAYA.

In Uncategorized on 16 agosto, 2016 at 15:14

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REFORMA EDUCATIVA NO ES PUNITIVA, SCJN. En el último párrafo de la columna que titulé “Gobernanza educativa, sus actores y punición” publicada el pasado 27 de julio del año en curso mencionaba que hay una parte actora que se expone a las sanciones que establece la reforma educativa sin que estas se consideren punitivas. Bien, el pasado 10 de agosto de los corrientes, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al resolver el Amparo en Revisión 54/2016 determinó que la separación del servicio profesional docente no constituye una sanción administrativa cuando el docente no acredite las condiciones de permanencia en el cargo, lo cual derivó de la impugnación de la constitucionalidad de los artículos 22 (ingreso, nombramiento, competencia, evaluación y desempeño) el último párrafo del 53 (conclusión de nombramiento sin responsabilidad de la autoridad educativa por tercer deficiente resultado en evaluación), 71 (sanción y separación del cargo docente por responsabilidad derivada de falsedad en la documentación presentada para ingreso, promoción y reconocimiento) y 74 (terminación de los efectos del nombramiento docente sin responsabilidad para la autoridad educativa sin necesidad de resolución de tribunales laborales por incumplimiento de las obligaciones establecidas para el caso) de la Ley General del Servicio Profesional Docente, específicamente al dar por terminado el nombramiento, como una consecuencia jurídica, cuando los docentes al ser evaluados no obtienen un resultado suficiente después de los tres procesos –oportunidades- de ésta naturaleza a que se tienen que someter.

La Sala expresó “dicha consecuencia, pese a su naturaleza adversa, no constituye una sanción, pues no deriva del reproche de una infracción administrativa que dé lugar a una responsabilidad o que genere otro tipo de consecuencias más allá de la separación en el cargo. En efecto, esta consecuencia deriva del incumplimiento de las condiciones de permanencia en el servicio y no presume que el personal docente haya actuado en contravención a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, previstos en la Constitución”

Es decir, cuando la administración advierte que quien desempeña el servicio público ya no reúne las condiciones que exige el servicio para el cual fue designado, cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento, siempre que ello se haga mediante un procedimiento regido por el pleno respeto de los derechos fundamentales que asisten al gobernado.

Así pues, como lo habíamos advertido, la reforma educativa no resulta ser punitiva, sino una exigencia de garantía para que la educación que se imparta sea de calidad y excelencia.

Sígueme en Twitter: @sgvarelamaya.

 

 

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